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Condenado por carrera ilegal


-JOSEMA-

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Condenado a tres años un joven que causó dos muertes en una carrera ilegal en Zaragoza

 

(EFE).- El Juzgado de lo Penal de Zaragoza ha condenado a tres años de prisión y a pagar 230.000 euros en concepto de indemnizaciones a Javier G.G., de 22 años, como responsable de provocar un accidente de tráfico en la capital aragonesa, cuando disput*ba una carrera ilegal con otro vehículo, en el que hubo dos muertos y dos heridos graves.

 

La sentencia, hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, condena, por otra parte, a 18 meses de prisión a Diego G.G, de 21 años y primo del anterior, quien conducía el segundo vehículo implicado en la carrera ilegal, la medianoche del 17 de julio de 2005 en el Camino de las Torres.

 

El juez considera probado, a tenor del testimonio de varios testigos protegidos, que ambos jóvenes se pusieron en paralelo a la altura de un semáforo en rojo situado en el acceso al Puente de la Unión e iniciaron una carrera a más de 120 kms/h que llevó a uno de ellos a perder el control de su coche.

 

En su resolución, el tribunal considera que la conducción de ambos resultaba "alarmante para cualquiera, con un riesgo elevado de siniestrabilidad; en definitiva, con una temeridad patente para terceras personas".

 

El juez imput* a Javier G.G., un delito contra la seguridad del tráfico, dos de homicidio por imprudencia grave y otros dos de lesiones también por imprudencia, así como al pago de las indemnizaciones referidas, de las que hace responsable subsidiario al padre del acusado y directo a su compañía aseguradora.

 

Al segundo acusado, al que acompañaba un tercer joven no imput*do en la causa, el juez le imput* un delito contra la seguridad del tráfico.

 

En el apartado de hechos probados, la sentencia relata que en la noche del 17 de julio de 2005, Javier G.G. cogió un Opel Vectra con el permiso de su padre y se reunió con su primo Diego G.G., quien conducía un BMW, para dirigirse a la calle Marqués de Cadena y situar en paralelo sus vehículos en un semáforo en rojo, ubicado en la confluencia de la calle Cosuenda con el Puente de la Unión.

 

Al cambiar el semáforo a verde, los dos aceleraron hasta alcanzar una velocidad superior a los 120 kms/h y se dirigieron al Camino de las Torres, una vía con la velocidad limitada a 50 kms/h.

 

A la altura del Pabellón Deportivo Municipal Alberto Maestro, el vehículo que conducía Javier G.G. perdió el control al ser adelantado por el de su primo, saltó la mediana y se empotró contra el turismo en el que viajaban, en dirección contraria, las cuatro víctimas.

 

En el accidente resultaron muertos el conductor de este turismo, Gabriel José M.S., y María Peña M.M., y con heridas de gravedad los otros dos ocupantes, Luis Ángel P.P. y Belén de A.M.

 

Las pruebas toxicológicas realizadas revelaron que ni el acusado ni el conductor fallecido habían consumido alcohol por encima de la tasa autorizada ni otro tipo de sustancias.

 

La resolución valora el testimonio de unos testigos protegidos que llegaron al semáforo antes de que los dos jóvenes iniciaran la carrera que causó el accidente.

 

Estos testigos manifestaron que se alarmaron cuando vieron salir a ambos jóvenes a gran velocidad en sus respectivos vehículos, y que unos segundos después de perderlos en la distancia vieron una columna de humo a lo lejos.

 

El juez descarta que ambos jóvenes se encontraran casualmente, como declararon en el juicio, y asegura que el hecho de que situaran sus vehículos en paralelo y salieran simultáneamente del semáforo revela que se habían puesto de acuerdo para competir.

 

A juicio del tribunal, "la forma de conducir de los acusados, más de doble de lo permitido, supone un incumplimiento de los más elementales deberes de prudencia exigible en la conducción de un vehículo".

 

Considera, además, que ambos jóvenes se retaron previamente para circular a gran velocidad por las calles de Zaragoza "con manifiesto desprecio al resto de la circulación".

 

Asegura el juez que "la intensidad y magnitud del tráfico automovilístico en las sociedades industrializadas ha determinado que la seguridad vial se configure como uno de los intereses más relevantes para la seguridad colectiva, y de ahí la necesidad de responder penalmente ante comportamientos insolidarios que son creadores de riesgos socialmente inaceptables".

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